¿Por capacidad o por cuotas políticas? Dudas sobre nombramientos liberales en instituciones hondureñas
La administración del presidente Nasry Asfura ha formalizado diversos nombramientos en instituciones clave del país, generando debate público sobre la idoneidad de los designados y la capacidad de las instituciones para responder a los retos actuales. Muchos de los funcionarios provienen del Partido Liberal de Honduras, lo que ha despertado cuestionamientos sobre si estas decisiones obedecen a criterios técnicos o a cuotas de poder político.
Entre los nombramientos destacados se encuentran Lucy Salgado como gerente de Hondutel, Kathia Crivelli como viceministra de Derechos Humanos, Beatriz Valle como directora de Hondutel, y Héctor Vidal Cerrato Zelaya al frente de BANADESA. Otros casos incluyen a Eddy Johans Ordóñez en Desarrollo Económico, Raúl Valladares Pavón en INJUPEMP, Angélica Yaneth Sandres en Educación y Gustavo Solórzano en la CNBS. Diversos sectores cuestionan la formación y experiencia técnica de estos funcionarios, al considerar que no todos cumplen con los requisitos especializados que sus cargos demandan.
Organizaciones civiles, opositores y expertos señalan que estos movimientos podrían priorizar el activismo político sobre la profesionalización de las instituciones, lo que genera incertidumbre sobre la eficacia y transparencia de los organismos públicos. La expectativa se centra en que se definan criterios claros de mérito y preparación para garantizar que los cargos estratégicos sean ocupados por personal capacitado, evitando conflictos de interés y fortaleciendo la confianza ciudadana.
