Honduras y 12 países llaman a garantizar una transición pacífica y transparente en Colombia
El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió este viernes un comunicado conjunto del Escudo de las Américas, en el que 13 países expresan su preocupación por las acciones y declaraciones que, a su juicio, ponen en duda la legitimidad del proceso electoral en Colombia y generan incertidumbre sobre la transición presidencial.
La declaración, suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, sostiene que la voluntad popular expresada en las urnas y certificada por las autoridades electorales es la única base legítima del poder público.
Comienza el texto:
“Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional.
En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos —expresada libremente en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público. Ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho.
Rechazamos toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme. La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular.
Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho”.
