El gobierno de Donald Trump oficializa la reclasificación de la marihuana a una categoría de menor riesgo
En un movimiento histórico que marca un giro en la política de drogas de Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump reclasifica la marihuana que, durante décadas, estuvo catalogada en el Nivel I, junto a drogas como la heroína.
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50 años siendo del Nivel I
La sustancia pasará ahora al Nivel III, reconociendo por primera vez a nivel federal sus posibles usos médicos y su menor potencial de abuso.
Esta decisión se produce tras una revisión exhaustiva por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el respaldo del Departamento de Justicia.
Al ser trasladada al Nivel III, la marihuana se equipara a sustancias como la codeína o los esteroides anabólicos, lo que facilita la investigación científica y abre la puerta a una regulación más flexible para las empresas que operan en estados donde el consumo ya es legal.
El anuncio representa un cambio de paradigma para el sistema de justicia federal. Durante más de cincuenta años, la clasificación de la marihuana en el nivel más restrictivo impidió que se realizaran estudios clínicos profundos y generó una brecha significativa entre las leyes estatales y las federales, afectando especialmente al sector bancario y fiscal de la industria del cannabis.
A pesar de este avance, el gobierno ha sido enfático en aclarar que la reclasificación no equivale a la legalización total para uso recreativo a nivel federal.
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Las autoridades mantendrán controles estrictos para evitar el tráfico ilegal y el acceso de menores de edad a la sustancia, centrando el cambio exclusivamente en el reconocimiento de sus propiedades terapéuticas bajo supervisión médica.
El impacto económico de esta medida es considerable. Las empresas de cannabis legal en Estados Unidos podrán ahora deducir gastos operativos en sus impuestos federales, algo que tenían prohibido bajo la normativa anterior.
Analistas sugieren que esto inyectará liquidez a una industria que ha crecido de forma exponencial, pero que enfrentaba barreras financieras críticas.
Contraste con las acciones de EE. UU. en América Latina
Sin embargo, esta flexibilización interna genera un fuerte contraste con la política exterior de Washington hacia Latinoamérica. Mientras Estados Unidos suaviza su postura doméstica respecto al cannabis, continúa exigiendo mano dura y recursos militares a países como Colombia, México y las naciones centroamericanas en la lucha frontal contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos, manteniendo una presión constante sobre las rutas de suministro hacia el norte.
Desde el ámbito político, la medida es vista como un intento de la administración Trump por captar el apoyo de votantes jóvenes y sectores progresistas que han abogado por la reforma de la justicia penal.
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No obstante, algunos sectores conservadores han expresado su preocupación, argumentando que este cambio podría enviar un mensaje equivocado sobre la peligrosidad del consumo de drogas en la sociedad actual.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) será la encargada de supervisar el proceso de transición hacia la nueva categoría. El proceso incluirá un periodo de comentarios públicos y revisiones legales antes de que el cambio entre plenamente en vigor en todo el territorio nacional, asegurando que el marco regulatorio sea sólido y coherente con la salud pública.
El reconocimiento de la marihuana como una droga con “bajo o moderado riesgo de dependencia física” permitirá también que los médicos tengan mayor libertad para recetarla como tratamiento alternativo para diversas afecciones crónicas.
Esto beneficiará a miles de pacientes que actualmente navegan en un vacío legal para obtener sus medicamentos de manera segura y certificada.
Con esta acción, Estados Unidos se une a una tendencia global de revisión de políticas sobre estupefacientes, intentando equilibrar la seguridad nacional con las realidades científicas y comerciales del siglo XXI.
El éxito de esta reclasificación dependerá ahora de la implementación técnica y de la capacidad del sistema para adaptarse a este nuevo escenario legal.
